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FENADAJ RENUEVA DIRECTIVA CON CASI 70% DE PARTICIPACIÓN DE SUS ASOCIADOS

Con la participación de casi el 70% de los 1.350 asociados de un total, de 2 mil trabajadores que integran las cuatro corporaciones de asistencia judicial (CAJs) del país, se desarrollaron, el 20 y 21 de abril, las elecciones con voto electrónico con que la FENADAJ renovó su directorio y que puede revisar en detalle aquí.

De los ochos candidatos en competencia, los resultados fueron los siguientes:

La pacticipación implicó un total de 3.156 votos emitidos. De ellos, 270 fueron blancos y ningún nulo.

Tras el resultado, Claudia Fachinetti, presidenta de la federación que deja el cargo y la dirigencia, reconoció que como equipo «estamos muy contentas y contentos, principalmente por la alta participación que hubo en estas elecciones: votó casi 70% de los electores, lo que significa que la amplia mayoría de las funcionarias y funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial están conectados con la Federación», enfatizó

-Que lectura tiene de estos resultados?

-Primero, destacó el nivel de participación porque fortalece el trabajo que venimos desarrollando en varios frentes, tal vez el más importante es ser una parte activa del nuevo servicio de acceso a la justicia que está en tramitación en el Congreso. Segundo, que como trabajadores, este respaldo a nuestros dirigentes nos da mayor fuerza para seguir adelante todos juntos. Y tercero, creo que este respaldo motivará aún más a la nueva directiva electa en las acciones que debe emprender, nueva directiva integrada por un gran equipo. Son dirigentes de alta calidad, por lo tanto, tengo la certeza que van a llevar adelante los requerimientos de la federación, y con ello, de la funcionarias y funcionarios de la corporación de asistencia judicial que diariamente trabajan por la defensa de los derechos de las personas y la paz social a los largo del país. 

Votación segura y transparente

El proceso eleccionario de la Fenadaj se llevó a cabo a través de la plataforma Evoting, empresa chilena con 7 años de experiencia, especializada en democracia electrónica, que tiene presencia en 6 países de Latinoamérica, además de Chile: Perú, Costa Rica, Argentina, Guatemala, México y Panamá. 


“Hemos realizado más de 1.200 votaciones electrónicas, de las cuales más de 750 son sindicales elecciones de directivas, negociaciones colectivas, reforma de estatutos, incorporacioìn y constitucioìn de federaciones, entre otras. Las realizadas en Chile, son normadas por la Direccioìn del Trabajo que, en 2014, nos autorizó a realizar votaciones con Sindicatos y Asociaciones de Funcionarios del Estado, luego de comprobar que nuestro sistema cumple con todos los requerimientos propios de esas elecciones, como asegurar en un 100% el secreto del voto”, explica Felipe Lorca, gerente de votaviones de Evoting. Y enfatiza que “en los sindicatos nuestras votaciones facilitan el ejercicio democrático y la organización de las elecciones, abarata los costos y aumenta la votación porque todos pueden participar, independientemente de dónde se encuentren. Y los resultados se conocen de inmediato, con información precisa, segura y transparente”.

¿Cómo se controla la transparencia y exactitud del proceso? 

Mediante tres aspectos centrales: el secreto del voto, la autentificación y la transparencia del proceso. El secreto del voto se asegura con el uso de criptografía asimétrica, técnica matemática que transforma un mensaje legible en uno ilegible. Cuando el votante marca su preferencia, un proceso de encriptación “cierra” el voto transformándolo en un mensaje ilegible y asegurando el secreto de su contenido. Cuando el votante pasa las distintas etapas de control –estar en el padrón, no haber votado anteriormente y haber autentificado su identidad–, el voto encriptado se deposita en la urna. Luego se suman los votos encriptados y se obtiene un resultado encriptado. Terminada la votación, se desencripta la suma de votos. O sea, los votos nunca son abiertos individualmente ni se conoce la opción marcada en cada uno. La autentificación es el proceso para corroborar que la persona que vota es quien dice ser. 

La transparencia se expresa en nuestras ceremonias de generación de llaves y escrutinios, que son públicas, así como en las páginas web de nuestras votaciones, donde se puede conocer la participación en tiempo real y los resultados apenas terminada la votación.

FENADAJ en conservatorio con Fundación Sol

FENADAJ ACUSA QUE LAS CAJs NO CUENTAN CON HERRAMIENTAS, RECURSOS NI PERSONAL SUFICIENTE PARA ATENDER DE FORMA ÓPTIMA EN PANDEMIA

Si en épocas normales el servicio otorgado por las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJs) a lo largo del país ya se hacía escaso para brindar apoyo a todas las personas que acudían a las oficinas en busca de asesoría legal, la crisis del Covid-19 y las cuarentenas que afectan a decenas de comunas han provocado una situación crítica.

Esto, porque la mayoría de los funcionarios se encuentra con teletrabajo sin las herramientas adecuadas para realizarlo de manera óptima, y el porcentaje de trabajadores que efectúa labores en modalidad semipresencial, de acuerdo al protocolo de gestión de riesgo de COVID-19 adoptado desde octubre del año pasado, no puede atender a mucha gente a causa de la pobre infraestructura de las oficinas que impide cumplir con las normas de ventilación adecuadas y aforos máximos para evitar contagios.

Así lo explicó la presidenta de la Federación Nacional de Asistencia Judicial (FENADAJ), Claudia Fachinetti, quien se mostró sorprendida y al mismo tiempo rechazó que el jefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia y DD.HH., Héctor Mery, oficiara el pasado 10 de marzo a los directores generales para mejorar la atención a público, debido a algunos reclamos por parte de usuarios y autoridades por comunicación dificultosa con los funcionarios.

UN AÑO DE ATENCIÓN SEMIPRESENCIAL

“Es preocupante la actitud de la autoridad del Ministerio de Justicia toda vez que demuestra una falta de conocimiento tanto de la institucionalidad que nos otorgamos como Mesa Nacional Covid en torno al protocolo de gestión de riesgo de COVID-19 o protocolo de atención usuaria, como también de la modalidad de atención adoptada desde octubre del año pasado, que es la etapa 3, que apunta a atender por sistema semipresencial en base a turnos presenciales acotados a 2 ó 3 días a la semana en cada unidad operativa”, señala la dirigente.

Además, devela que “también la falta de canales de comunicación obedece a carencias tanto de información como de habilitación por parte de los mismos directores generales. Incluso, el pasado 22 de marzo en la reunión de la Mesa Nacional COVID-19 -integrada por la Fenadaj, los 4 directores generales y el jefe del Departamento de Asistencia Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-, hicimos notar que la continuidad del servicio brindado en todo el país en tiempo de pandemia sólo ha sido posible por el esfuerzo de cada funcionaria y funcionario de la Corporación de Asistencia Judicial. Que conforme a las modalidades de atención que tenemos, que es preferentemente trabajo remoto, hacer notar que nuestro empleador no nos ha brindado las herramientas ni los medios para otorgar el servicio y debiendo asumirlo cada funcionaria o funcionario con sus propios medios, por ejemplo, la conexión a internet, teléfono o el mismo computador”.

Fachinetti denuncia que en algunos casos sólo se proveyó un teléfono institucional para cada centro de atención, donde lo habitual es que trabajen más personas, por lo que ese teléfono es atendido generalmente por personal administrativo que está absolutamente sobrecargado con este tipo de atención. Otra falla apunta a los canales de información dirigido a las personas, ya que “los directores generales no han actualizado la información que se le entrega a la usuaria o usuario, tanto en la página web como tampoco han difundido con otras instituciones que estamos habitualmente relacionados, por ejemplo, Tribunales, Dirección del Trabajo, Municipalidad, Junta de vecinos, etc. Y esa es una de las obligaciones que está en el protocolo y que los directores generales deben cumplir, así que ellos también han incumplido el mismo protocolo”, sentencia.

INFRAESTRUCTURA INCOMPATIBLE

Si el cumplimiento de funciones en teletrabajo es complejo para los 2 mil trabajadores que representa la FENADAJ, realizar funciones de manera presencial en pandemia con tasas de contagio alarmantes, es abrumador.

“Hay muchos centros de atención que no cuentan con los estándares mínimos para funcionamiento, para mantener el distanciamiento social, la ventilación apropiada y otros requisitos, por lo que no ha sido posible abrirlos al trabajo de turnos y eso no es atribuible ni a las ni a los trabajadores. Por ello, nosotros como Federación, rechazamos lo que nos estaban señalando, además del oficio emitido por don Héctor Mery el 10 de marzo pasado. Nos consta que la mayor parte de las y los funcionarios han hecho esfuerzos por sobre lo que le impone su propio contrato, por lo que instamos a que el Estado, tanto en su deber de resguardar y garantizar el ejercicio de los derechos de todas y todos, pero también como empleador con su deber de resguardar la salud e integridad física y psíquica de los trabajadores, cumpla con ello, porque sin duda son los que están al debe”, sostiene Claudia Fachinetti.

Al concluir la reunión del 22 de marzo, la FENADAJ solicitó fecha para una nueva instancia de conversación de la Mesa Nacional COVID-19, así como la información detallada del número de funcionarios con licencia médica que no han sido reemplazados, sobrecargando a los trabajadores activos, y la lista de los centros que no han podido abrir sus puertas por falta de habilitación, pero aún no han recibido noticias.

6 CONDICIONES MÍNIMAS PROPONE FENADAJ A JUSTICIA PARA TRAMITAR NUEVA DEFENSORÍA DE VÍCTIMAS

 

Precariedad de infraestructura y atención, homologación de jornadas y remuneraciones y estudios técnicos de personal y costos son los puntos centrales abordados en las cuatro sesiones concretadas por la Mesa de Trabajo generada entre el ministro de Justicia, Hernán Larraín y la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (FENADAJ), para analizar los aspectos técnicos de lo que buscar ser el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas de Delitos del gobierno de Sebastián Piñera.

Así lo precisó la presidenta de la FENADAJ, Claudia Fachinetti, al explicar que todos estos aspectos son consideradas “condiciones mínimas para un nuevo servicio, es decir, aspectos base para superar la desigualdad y precariedad de las corporaciones para realizar el trabajo que son imprescindibles para que hablemos de nuevo servicio”.

DEFINICIONES ESTRUCTURALES

-Cuáles son los énfasis puestos por ustedes en la Mesa?

-Son varios, pero en el tema de defensoría de víctimas hemos enfatizado que no se han hecho los estudios necesarios para ver, efectivamente, qué es lo que necesita la víctima que ha sido objeto de un delito y si el modelo para atender delitos violentos va a ser aplicado a todos los delitos, como se pretende por parte de la autoridad. Por ejemplo, ¿habrá un psicólogo para atender un hurto simple? A nosotros nos parece un despropósito. Esto va de la mano de otro de los aspectos: definir el modelo, porque el modelo (de atención de víctimas de delitos) del Ministro Interior -que está basado en la contingencia- es muy distinto al trabajo profundo que se hace en los CAVI de las corporaciones. Otro punto es la existencia de estudios técnicos sobre la dotación necesaria para cubrir a la población potencialmente beneficiaria. No es posible atender a más de un millón y medio de personas víctimas de delitos, con la misma dotación actual. Se requiere recursos, y no sólo discursos.

-Y desde lo laboral, ¿cuáles son las prioridades?

Nosotros exigimos que se homologuen las remuneraciones. Ello debe ser la base del nuevo servicio. Existe una desigualdad impresionante para personas que desarrollan la misma función. No es posible que en el Estado no se respete la propia Ley de Bases de la Administración del Estado que exige que a igual función, igual remuneración.

También se debe aclarar cómo se van a traspasar trabajadores con distintos regímenes estatutarios y remuneraciones sin tener un peso para ello. 

El proyecto también busca profundizar la estructura actual, de 4 macrozonas, agregando una Dirección Nacional. Hemos sido críticos en eso pues burocratiza el sistema y no hay descentralización efectiva, por lo tanto, lo que pedimos nosotros es que se cree una dirección nacional con direcciones regionales empoderadas y con atribuciones. También hemos expuesto la necesidad de contar con coordinaciones técnicas -que un tiempo hubo- para cada una de las líneas de acción de las corporaciones. 

Finalmente, y no menos importante es la situación de los inmuebles donde atendemos. No se puede pretender decir que se creará un nuevo servicio y seguir atendiendo a nuestras usuarias y usuarios en las condiciones precarias que existen actualmente.

-¿Cuáles son los plazos de este trabajo de análisis entre las partes?

-Vamos a tener un par de reuniones donde la autoridad va a contestar los requerimientos que estamos haciendo, para que, el primero de marzo, se retome en el Congreso la idea de legislar. Esperamos que para esa fecha el Gobierno tenga un proyecto más robusto, un proyecto que dé cuenta de las expectativas que está creando en la comunidad.

Desde el 27 de enero hasta la fecha se han desarrollado cuatro reuniones de la Mesa de Conversaciones con Justicia.
Comunicado FENADAJ

COMUNICADO N° 5-2021

Estimadas/os Dirigentes de Base y Asociadas/os:

Junto con saludarles, les informamos, que hoy a mediodía, la Directiva se ha reunido con El Sr. Ministro de Justicia Hernán Larraín.

En ese contexto, la autoridad ha manifestado su intención de incorporar la visión de los trabajadores en el proyecto de SNAJ. Reconociendo, que no ha sido feliz la ausencia de nuestra FENADAJ, en la génesis de esta discusión. Disculpándose por esta omisión.

En lo concreto, se ha formado una mesa de trabajo, que iniciará su labor esta semana, en que definiremos, una mirada común, en torno a esta iniciativa legal.

La propuesta del Ejecutivo volverá, para su debate, al Congreso en marzo de 2021, incorporando modificaciones y correcciones, que la mejoren.

Si bien nuestra Federación, está disponible para colaborar con criterio de realidad, en la propuesta. Existen mínimos, que no son transables. Lo que se ha dicho claramente al titular de la cartera.

Nuestra Federación, junto a sus bases, continúa hoy un trabajo que siempre ha tenido como Norte, alcanzar la dignidad de nuestro servicio, asumiendo para ello, el logro de mejores condiciones técnicas, materiales y humanas,que hagan del acceso a la justicia un valor permanente, generando una política de Estado, que se haga cargo no solo de nuestras legítimas demandas, sino que también, de los requerimientos que la comunidad nacional exige y requiere.

Fraternalmente.

DIRECTIVA FENADAJ

Claudia Fachinetti Farrán, Marcelo Inostroza Aparicio, Jessica Valenzuela Moya M., Andrea Moscoso Gajardo, Myling Chau Colman y Carlos Vergara Pío

Santiago, 25 de Enero de 2021

PRESIDENTA DE FENADAJ: “A LA AUTORIDAD Y LA PRENSA NO LE INTERESAN LOS POBRES”

Claudia Fachinetti, presidente nacional de 2.000 funcionarios de las CAJs, propone cambiar el nombre de la Corporación de Asistencia Judicial a Corporación de Justicia Social para comenzar a abordar la discriminación «clasista» que denuncian además alcaldes y académicos.

Primero fue la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, quien acusó “clasismo en el trato a víctimas de la delincuencia”. Luego fue el abogado Carlos Peña, quien en su columna mercurial titulada “la rueda del clasismo” apuntó a los medios de comunicación, tanto “periodistas como editores”, de “simplemente reproducir los prejuicios irreflexivos que circulan en la sociedad” al darle menos cobertura a cinco muertos en un tiroteo en la población Carol Urzúa que al robo de una cartera desde un auto a una mujer en Las Condes. 

Claudia Fachinetti, presidenta FENADAJ.

En ese contexto, la Federación Nacional de Acceso a la Justicia (Fenadaj), organización sindical que aglutina a los más de 2.000 funcionarios que dan soporte a la tramitación gratuita de juicios para los sectores más vulnerables de la población -“que no pueden pagar un abogado”, enfatiza su presidenta, Claudia Fachinetti, se sumó a este reclamo generalizado en torno al clasismo jurídico en Chile al poner como ejemplo que sólo hay atención integral a Víctimas de Delitos Violentos en 20 de las 346 comunas del país.

-¿Es posible entregar justicia gratuita a todas las víctimas de delitos?

-Es posible e imperativo porque la Constitución así lo ordena, sin embargo, nuestras autoridades han centrado durante los últimos 25 años este derecho a los imputados a través de la Defensoría Penal pública y no a las víctimas de esos delitos, porque pensar que están cubiertos por las fiscalías y los fiscales es un error: ellos persiguen el delito, pero no defienden a las víctimas. Esos somos nosotros, a través de las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), pero estamos totalmente invisibilizados. A la autoridad y la prensa no le interesan los pobres.

-¿Entonces uno tiene más posibilidades como víctima de recibir asistencia jurídica gratuita en algunas comunas y otras no?

-En efecto. Si resides en Lo Espejo, por ejemplo, y eres víctima de delito no tienes acceso gratuito a atención jurídico, sicológica y social, en cambio si vives en El Bosque sí tienes cobertura. Ello porque en muy pocas comunas se garantiza este tipo de atención.

-Desde la CAJs, ¿cómo visualizan este “clasismo” en el acceso a la justicia denunciados por la academia y los municipios?

-De varias formas, pero tal vez la más significativa es que la atención de las cuatro CAJs en Chile está basada, hoy, en 4.000 egresados de derecho que rotan cada seis meses y que están obligados a trabajar ahí para obtener sus títulos profesionales. Una atención judicial integral dura meses, o años, no sólo con atenciones de sicólogos y trabajadores sociales, sino también legal, pues hay que presentar recursos, acciones, pruebas, investigar, redactar, alegar, cumplir plazos, etc… 

La atención de las cuatro CAJs en Chile está basada, hoy, en 4.000 egresados de derecho que rotan cada seis meses y que están obligados a trabajar ahí para obtener sus títulos profesionales.

-Cuál es el presupuesto que tienen hoy las CAJs por cada atención?

-Según nuestros cálculos, hoy nuestro presupuesto de atención por víctima es de $72.000 por usuario, una cifra ridícula si precisamos que el Estado gasta $700 mil por recluso al mes, por ejemplo.

-Ustedes tienen un cálculo de cuánto sería un presupuesto idóneo para dar acceso a la justicia social de los más pobres?

-Hoy tenemos un presupuesto de 46 millones anuales. Calculamos que al menos para dar acceso digno a nuestros usuarios requerimos el doble de esa suma. Quiero precisar que la Defensoría Penal Pública, que atendió en 2018 a 319.738 imputados de delitos -nosotros atendemos víctima de delitos penales, pero también civiles, laborales, de familia, adolescencia y tercera edad- fue de $60 mil millones al año. Nosotros, con $46 mil millones atendimos en 2018 a 661.244 usuarios. Por esta cifra incluso fuimos felicitados públicamente por el ministro de Justicia, pero en estos últimos años hemos perdido anualmente el 5% de nuestro exiguo presupuesto, lo que significa menos personal, mayor deterioro informático y falta de infraestructura para la atención digna y profesional.

En estos últimos años hemos perdido anualmente el 5% de nuestro exiguo presupuesto, lo que significa menos personal, mayor deterioro informático y falta de infraestructura para la atención digna y profesional.

-Quiénes cree son los más afectados por esta iniquidad social de acceso a la justicia?

-Las mujeres, los niños y las personas de la tercera edad porque son los más vulnerables de la sociedad. Por no tener acceso a la justicia en forma oportuna y gratuita, hay mujeres que han muerto por no accionar medidas cautelares, abuelos que pierden sus bienes a manos de desalmados… y los niños, a quienes se les vulnera sus derechos todos los días por parte de su entorno familiar y el Estado. Basta ver la situación del Sename.

Por no tener acceso a la justicia en forma oportuna y gratuita, hay mujeres que han muerto por no accionar medidas cautelares

-¿Qué propuesta haría a las autoridades en forma urgente?-Urgente, inyectar más recursos. Pero sabemos que requiere un acuerdo nacional de prioridades. Sin embargo, un primer paso sería cambiar el nombre a la Corporación de Asistencia judicial, que con este nombre da cuenta del clasismo ya que a los pobres se les da “asistencia judicial” y no acceso “igualitario a la justicia. Propongo el nombre Servicio Nacional de Acceso a la Justicia.