¿CÓMO DEBIERA SER ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITOS SEGÚN ESTÁNDAR DE LAS AMÉRICAS?: NACIONAL, REGIONALIZADO Y CON MEDIACIÓN

Jaime Arellano es el actual presidente del CEJA, Centro de Estudios de Justicia de las Américas, pero también fue director en las CAJ y Subsecretario en Justicia. Desde toda esa experiencia apuesta por un programa unificado nacional de atención a víctimas de delitos, cuyas problemáticas estén abordadas desde las necesidades ciudadanas y avanzar en las instancias de mediación. Aquí su entrevista con FENADAJ:

-Hoy en Chile son las CAJs las que entregan asistencia judicial gratuita a los pobres desde el Ministerio de Justicia, pero también entrega apoyo el Ministerio del Interior. ¿Cuál es la recomendación de CEJA? ¿Sistema separado o unificado?

-Me parece que es complicado tener programas separados, que se justifican muchas veces porque hay necesidades, urgencias, y no hay todos los recursos disponibles, pero francamente programa diferenciados significa, eventualmente, prestaciones y estándares distintos y la pregunta es, si yo vivo en este lugar o soy víctima de tal tipo delito, por qué tengo un estándar distinto de parte del Estado unitario. No somos un Estado Federado, insisto, Chile no tiene estados separados con gobernadores electos, en principio, no somos una Federación, entonces lo lógico es contar con un programa unificado nacional que tenga un estándar unificado para todo el país, ese es a mi gusto el ideal e, insisto, eso significa no descartar uno para tomar otro, como si hubiera habido una competencia entre programas… hay que sacar lo mejor de todo lo que haya ocurrido hasta ahora, las buenas lecciones, lecciones aprendidas, buenas prácticas, e integrarlos en un programa nacional. La decisión política sobre dónde se aloja este programa va a corresponder a la realidad de cada país, de los recursos presupuestarios, pero, en general, a mí me parece que los sistemas de protección a víctimas corresponden a los sistemas de justicia y a los misterios de justicia, más que al Ministerio del Interior o de Seguridad Pública que, además, van a tender a focalizar en aquellos delitos que tengan mayor impacto social, y la pregunta es: ¿cómo logramos políticas públicas o programas que respondan más a criterios técnicos que a criterios estrictamente de respuesta a la reacción pública o comunicacional?, no digo que halla que despreocuparse de lo político… en política hay que hacer y dar a conocer y hay que convencer también, por lo tanto, es absolutamente legítimo que un gobierno, cualquiera sea el color, que quiera demostrar lo que está haciendo -y quiera resaltar resultados cuando está reaccionando a un reclamo público- lo haga, pero en el mediano, largo plazo, lo que se necesita es una política de Estado, no políticas de gobierno de turno, por lo tanto, uno quiere establecer programas que sobrevivan a la administración y que tengan estándares claros, de manera que los propios tribunales exijan el cumplimiento de esos estándares que se auto impuso el Estado al suscribir Tratados Internacionales en la materia. Eso significa, insisto, tener programas de carácter uniforme que, más allá de las diferencias que eventualmente existan en el territorio, provean en general a todos los chilenos y chilenas un estándar de calidad de acceso a la justicia y de protección a víctimas.

-¿Cree que las CAJs lo han cumplido?

-Claro que lo han hecho, hasta donde han podido. Y digo hasta donde han podido porque evidentemente los recursos con los que contaron históricamente no eran los adecuados. Yo fui parte de ese sufrimiento siendo director de una Corporación y fui parte del problema siendo subsecretario de Justicia. Los recursos nunca alcanzan, sin embargo, en los distintos gobiernos, tratamos. Los recursos disponibles se han ido incrementado notablemente para las CAJs, y recursos acompañados de mediciones de la calidad del servicio que se presta. Eso es importante porque, finalmente, este no es un tema de cuánto dinero se le entrega a una repartición pública para que preste servicio, sino qué servicio entrega el Estado a través de esa organización a los ciudadanos.

-En lugares dignos también.

-Evidentemente, pero es un modelo que se extendió, para mi gusto, por mucho tiempo. Tiene que ver nuevamente con que se perpetúan las diferencias que hay entre los distintos territorios y municipios que entregan infraestructura de disímil calidad, dependiendo de la realidad del municipio. A mí me llama la atención que de repente uno ve municipios pobres, si uno los puede llamar así, que sin embargo entregan infraestructura de mejor calidad, incluso, de otros municipios de mediano ingreso económico. Eso refleja probablemente la importancia que el alcalde o alcaldesa entrega a la justicia y al acceso a la justicia de sus vecinos, porque eso se refleja también en qué estructura está dando. Insisto, sino puede dar más, se entiende, pero yo a veces he visto municipios pobres que dan mejor infraestructura y más apoyo a las CAJs y otros de medianos ingresos, que podrían haber hecho mucho más, no lo hacen. 

-Dependiendo justamente de ese aspecto, entre otros, es el estándar de atención que se entrega a la víctima de delito hoy en Chile. Pareciera significar que existen distintas zonas geográficas de atenciones. En su opinión, ¿corresponde o debemos actualizar?

-Sin duda que cuando estamos hablando de garantías para víctimas, una cuestión fundamental es que no haya discriminación arbitraria. Puede que haya una cuestión técnica, pero lo lógico es que hayan criterios de protección a la víctima de carácter universal. Eso significa que tengan el mismo tipo de apoyo en todo el territorio nacional. Somos un país unitario, no somos un país federado, sino, se entendería. Lo lógico es que exista una política nacional de acceso a la justicia, de protección a víctimas, por lo tanto, que los servicios que se presten sean integrales en primer lugar, y universales, en el sentido que donde quiera que sea, que ocurran los delitos, hechos, haya una protección equivalente para todas las personas. No puede haber una discriminación. El hecho que haya prestación de servicios por parte de instituciones distintas tiene un defecto: puede tener la ventaja de comparar la calidad de prestación de servicios de uno y otro para tomar decisiones, pero tiene la gran desventaja de que si esto se perpetúa en el tiempo, va generando desequilibrios a veces, digamos, arbitrarios respecto a la víctima. Algo parecido pasaba cuando existían al mismo tiempo el Programa de Asistencia Jurídica y las Corporaciones de Asistencia Judicial. La primera innovó en algunos temas y las corporaciones daban un servicio más tradicional, asistencia jurídica o de acceso a la justicia. Lo interesante fue que los pilotos del Programa Asistencia Jurídica se fueron incorporando a las CAJs para generar una prestación universal y uniforme. A eso fue lo que aspiramos cuando yo estuve la Subsecretaría de Justicia. Esa fue la función de acceso a la justicia de las CAJs. Lo lógico es que lo mismo ocurra en materia de asistencia y protección de víctimas.

-Desde CEJA, cómo ven están funcionando las CAJs, que siguen siendo las que dan mayor cobertura judicial a la gente sin recursos del país.

– Primero, decir que las CAJs se adelantaron a la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal. Se fueron creando estas unidades de atención a víctimas de delitos violentos en las CAJs, especialmente en la Región Metropolitana y en la de Valparaíso. La idea en su momento fue entender que las víctimas necesitaban un apoyo integral que iba más allá de la sola representación o persecución del delito, entonces se adelantó a hacer un trabajo de asistencia judicial en paralelo y por decisiones políticas, supongo, el Ministerio de Interior desarrolló un programa de atención a víctimas, más que nada, para buscar soluciones, reaccionar frente a la imagen pública que quedaba la ocurrencia de determinados delitos con muchas resonancia social y, claro, el problema nuevamente son los programas en paralelo. Muchas veces, si los sistemas funcionan en forma diferenciada, no está muy claro por qué uno y no otro. Obviamente, ahí hay que hacer una evaluación para ver cómo funcionan los programas y generar un programa de asistencia jurídica para dar asistencia integral a víctimas.

-Por qué esa asistencia integral quedó fuera de su funcionamiento, porque el Ministerio Público es muy garantista: se preocupa más de quién incurre en el delito que de la víctima. La víctima no tienes atención multidiciplinaria, no hay contención a la familia, el entorno, etc.

-Eso no es tan correcto. El Ministerio Público tiene unidad de atención de víctimas de delitos. Hay acompañamiento en los delitos, sobre todo delitos sexuales, violencia física contra la mujer o psicológica, porque entiende que la víctima necesita una preocupación especialmente en ese tipo de delito, además que la víctima va a constituirse en el principal, sino en el único testigo, de manera que el Ministerio Público tiene las unidades especializadas de acompañamiento y atención a víctimas, especialmente de delitos contra la mujer, de violencia. Luego, en la etapa del desarrollo del juicio, le corresponde normalmente darla a los tribunales de Justicia que, a su vez, entrega atención. Lo que ocurre es que en los otros delitos, que no son de carácter personal, sino en contra de la propiedad o cosas por el estilo, es usualmente el Ministerio Público el que se preocupa de la persecución del delito y la víctima de los delitos de robo o cosas por el estilo no tienen siempre el mismo apoyo. Ahí hay un tema.

-Frente al debate de a quién le corresponde la defensa de la víctima de delito, ¿cuál es la recomendación internacional? 

-Este debate en Chile no es único. En América Latina hay muy distintas soluciones sobre quién es el encargado de la protección de las víctimas de delitos. Hay países donde la protección de víctimas corresponde al Ministerio Público; hay otros países donde corresponde al Poder Judicial; otros, al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior o Seguridad Pública, o como se le llame, y las policías, por lo tanto, las soluciones en esto no han sido únicas. Incluso, en los países europeos, en Estados Unidos, donde los sistemas adversariales tienen mucho mayor funcionamiento, también son disparejas las soluciones. Ahí hay distintos ejemplos a analizar. Para considerar cuál es la mejor solución, por ejemplo para Chile, hay que ver las necesidades, lo que se está cubriendo y lo que se puede cubrir desde el punto de vista presupuestario.

¿Y CEJA tiene una recomendación estandarizada para las Américas? 

–Primero hay que precisar quién es o qué institución tiene esa protección y, segundo, hay que priorizar, porque con los recursos de Justicia compiten necesidades de vivienda, trabajo, previsión… las necesidades públicas son infinitas, los recursos son limitados, así que hay que priorizar. Lo normal es que se priorice a las víctimas de delitos violentos, en primer lugar, delitos en contra de la mujer, las niñas y niños, adolescentes. Debiera ser así porque son delitos de impacto, porque resuenan al grupo familiar fuertemente, además que la víctima, insisto, es el testigo fundamental o único testigo, así que hay que dar una protección para asegurarse de que puede haber persecución. Es muy importante el tema. Recuerde que en los delitos de carácter sexual, la víctima además tiene el gatillo de decir si avanza o no la investigación porque no es delito de acción pública. Pero si la víctima está de acuerdo con perseguir, es legítimo que la víctima sea apoyada en los efectos de victimización secundaria. Al Estado le interesa que se persigan estos delitos, entre otras cosas, para detener a ese depredador o depredadora, o a quién sea el agresor, entonces hay una priorización por la protección de este tipo de víctimas. Lo segundo son, probablemente, los delitos de mayor connotación social, cuando hay delitos que causan temor generados por su carácter terrorista, secuenciales, seriales. Si es que ocurren, hay un interés especial en la protección de víctimas. Un tercero es cuando la única manera de atacar el delito es atacando organizaciones criminales y, para ello, hay que proteger a las víctimas que puedan dar información para la persecución del delito. Estoy pensando en trata de personas, narcotráfico, lavado de activos, en que entra en juego otro tema, que son los acuerdos de testificación o testimonios a cambio de una protección, aquella que la necesita alguien que cometió delito, pero que no es tan importante dentro de la organización, pero puede permitir llegar a la parte superior de la organización criminal. Yo creo que en principio esos son las tres prioridades: niños niñas adolescentes y todos los delitos en contra de ellos y ellas; delitos violentos contra las mujeres, casos como violencia de género, odio, es decir, todo lo que tiene que ver con las discriminaciones de género, entidad de género, orientación sexual, raza o religión, origen étnico, todo aquello que signifique odio. Esos parecen ser los delitos del estándar internacional, sin embargo, en Chile, el ciudadano que busca justicia, que recurre a la justicia, tiene que ver con otro tipo de delito: robo en la calle, robo porque alguien entró a la casa…

-Incluso hoy, hasta por temas de tránsito. ¿Qué se hace con esos delitos y esas víctimas que parecen totalmente abandonadas? En la última cuenta Cuenta Pública el Presidente Piñera dijo que iba a fortalecer el sistema de atención de víctimas de delitos violentos…

Triple acompañamiento a la víctima

… Lo que está anunciando el gobierno es lo que se suele anunciar en la tendencia a proteger, amparar y acompañar a las víctimas de los delitos violentos. ¿Por qué?, porque son los que tienen mayor impacto en el estado anímico, en la psicología de una persona… irradia al resto de la familia, de la comunidad, pero no cabe duda que si, por ejemplo, entran a robar a mi casa, cuando no hay nadie, y vuelvo y la casa está dada vueltas para arriba hay un impacto para mí, pero no es tan fuerte como que entren mientras yo estoy con mi hijo, mi familia, y me pongan la pistola y esté horas retenido…cuando hay arma entre medio. Ahí hay una situación traumática. Lo que buscan los países más desarrollados, que cuentan con recursos, es intervenir rápidamente en ese tipo de situaciones para darle contención a la víctima, ayudarla en términos de su relación, si se quiere, frente a los efectos del delitos. Nuevamente, porque además esa víctima es el único testigo del delito, por lo tanto, es importante como medio de prueba para perseguir eficazmente el delito. Es ese doble propósito el estándar, por lo tanto, en los países desarrollados, se trata de darle atención psicológica inmediata y que a esas víctimas le entreguen acompañamiento durante el periodo investigativo y, sobre todo, para la concurrencia a declarar en los juicios, juicios orales por ejemplo. 

Ley Orgánica Constitucional

-Pero quienes concurren a las CAJs, que no pueden pagar abogado, en muchos casos tienen problemas judiciales con la violencia en el barrio, en el entorno familiar y no siempre tienen esa atención interdisciplinaria. ¿Qué pasa con la justicia para los pobres en Chile?

-Con el debate de una Nueva Constitución para Chile, este es el momento de regular. Me parece que debiera haber una Ley Orgánica Constitucional que materialice que toda persona tenga acceso a la justicia como derecho constitucional. Que toda la gente tenga derecho al acceso a la información, pero también que pueda ejercer sus derechos no importando si tiene o no recursos económicos. Lo que hicimos en algún momento en Chile fue, primero, transformar la justicia penal, lo que se dijo en ese minuto fue que la justicia penal tenía que tener un estándar equivalente al de Ministerio Público para que hubiera igualdad. Se crea la Defensoría Penal Pública, en otros países, Defensa Penal o Defensa Civil, por llamarla de alguna manera, pero se dan en una misma institución. El modelo chileno en eso no tiene nada peculiar. Luego se avanzó en crear una asistencia jurídica especializada en los casos laborales, ahora inserto dentro de las CAJs y, finalmente, se avanzó -no me acuerdo el orden- en una defensa especializada en materia de familia, también incorporada dentro de las CAJs. Quedan, entre el ámbito y materias no penales que debieran regularse y garantizar sus estándares de calidad en término de servicio adecuado para que tengamos una asistencia jurídica gratuita, o que haya un acceso a la justicia que no significa sólo ir a tribunal, sino que garantice a las personas, no importa la situación económica que tenga. Eso debe ser materia de una Ley Orgánica dentro del marco del proceso Constituyente, como el que se va a realizar en Chile.

Servicio Regionalizado y con mediación:

-¿Qué significa eso?

–Eso significa que debiéramos, además, tratar de uniformar y dentro de esta Ley Orgánica de acceso a la justicia, entregar asistencia integral a las víctimas de delitos violentos. Me parece que sí deberíamos revisar los problemas que están en cursos hoy en día, corresponde revisar técnicamente los programas que están en curso y, ojalá, sacar la mejor elección de los dos o tres programas que estén funcionando de manera que tengan una síntesis virtuosa de lo que se haya aprendido, o resultado de lo que haya dado, porque sino, ¿cómo se sintetizan las lecciones? Las mejores prácticas, establecerlas en un nuevo programa, vinculado a un sistema de asistencia jurídica. Eso significa, en mi opinión, que debiera haber un servicio nacional de ciencias jurídicas en la materia, distinta de la penal. Un servicio nacional que esté debidamente regionalizado. Chile es un país con regiones, por lo tanto, no tendría sentido un servicio nacional centralizado, sino más bien con capacidad de regionalización, pero eso es absolutamente debatible. Las organizaciones tienen que responder a los objetivos y no a la inversa. La pregunta que hay que hacer en Chile es cuál es el estándar de acceso a la justicia que queremos garantizar en el nuevo sistema escenario constitucional y cómo se podría mejorar su estándar. Me parece que el Estado debe tener un rol fundamental en garantizar el acceso a la justicia. Debe saber cómo lo están haciendo las corporaciones asistencia judicial. Significa un acceso multisectorial en el sentido de multiespecialidad. Significa resoluciones alternativas de conflictos, con mecanismo para acordar la solución de conflictos judiciales cuando sea necesario, que cada vez que se pueda, incluso en las Cortes o el tribunal se logre? Eso significa, por otro lado, mayor empoderamiento de la ciudadanía y de las comunidades a la hora de definir prioridades, porque estamos hablando de qué hay que hacer, qué es lo que hay que priorizar. ¿Cuál es el estándar?, y nuestra respuesta, desde CEJA, es al revés: los mejores programas de acceso a la justicia son aquellos que responden a las necesidades de la comunidad y no que se hacen en cuatro paredes o entre nosotros mismos. Lo que decimos es que la comunidad tiene que involucrarse en el diseño de estos proyectos de acceso a la justicia. Eso significa, primero que nada, identificar cuáles son las necesidades de Justicia, cuáles son las necesidades jurídicas de la comunidad. Hay buenos ejemplos de países del norte, desarrollados, como Estados Unidos, Canadá, Europa, hasta países del mundo Latinoamericano, que han hecho un trabajo participativo. ¿Qué significa?, que la ciudadanía identifica qué necesitan. Una vez que deciden qué necesitan, ¿cuáles son los conflictos que ponen arriba en la lista, las prioridades de esta comunidad? La comuna de La Cisterna, la comuna de San Joaquín, tienen distintas necesidades que la de Vitacura o Las Condes… Luego, ¿cuál es la mejor herramienta para solucionar los conflictos? Este conflicto se judializó; este se resuelve mejor con conversaciones personales; con mediación; con un sistema de conciliación; este otro conflicto rápidamente hay que judicializado porque hay peligro de esto… sin embargo, si el juez o jueza puede utilizar herramientas de conciliación, entonces a tu pregunta, la respuesta nuestra es que para construir sistemas de acceso a la justicia hay que involucrar a la comunidad. La comunidad puede, tiene que poder identificar las necesidades justiciales, priorizarlas y luego, con el apoyo profesional, identificar cuáles son los mejores mecanismos para solucionar sus conflictos. Todo eso es parte del acceso a la justicia, no sólo los tribunales, o nosotros, los abogados. Es muy importante lo preventivo y educativo, la información, el empoderamiento de la ciudadanía para saber, para involucrarse en esas soluciones. Eso pasa también porque el sistema de justicia sea apropiado por la ciudadanía y, por lo tanto, no busque en alguien ajeno soluciones a sus conflictos o qué no participe en la definición de los conflictos de la organización. Eso sí, se ha avanzado en materia de acceso a la justicia muchísimo en Chile. Sólo hay que preguntarnos cómo estaba Chile en los años 90, con el retorno a la democracia, y cómo se ha avanzado en materia de sistema. En justicia penal es un mundo distinto al que había antes del año 2000. Los Tribunales de Familia, con todos sus defectos, es muy distinto al que había antes en Chile y, por cierto, bastante interesante respecto a los países de Latinoamérica. La justicia laboral cambió importantemente con la entrada de la justicia laboral y luego con los cambios introducidos al Código del Trabajo y de Procedimiento Laboral, que han marcado una diferencia notable en la capacidad negociadora de los trabajadores con sus empleadores, por ejemplo, porque el sistema de justicia reacciona más rápido y, por lo tanto, la perspectiva del juicio eterno laboral y maltrato hoy en día es muy menor. Por eso uno ve mucho más porcentaje de acuerdos, conciliaciones, que resultan en acuerdos antes de entrar a juicio. Hoy en día esos juicios laborales se resuelven más rápido. Los acuerdos funciona cuando la justicia formal adjudicativa, o sea, la que se da en los tribunales con un juez o jueza. Cuando estos sistemas alternativos de conflictos de juicios fueron diseñados, sobretodo en Estados Unidos, fueron pensados sobre la base de lo que se llama el efecto de la Sombra de la Ley, es decir, yo llego a acuerdos amistosos si tengo la amenaza de un sistema judicial formal, de jueces, que van a solucionar el conflicto rápidamente si no llegamos a acuerdo entre nosotros. El acuerdo entre ustedes es lo mejor, es lo más rápido, lo más adecuado, pero si llegan acuerdo y no cumplen, o si no llegan acuerdo aquí, habrá un proceso rápido, que va a decidir por uno, otro, y el peligro es que a usted no le dé la razón y lo pierda todo. Esa amenaza, el hecho que hay un juez o jueza, es vital y por eso la mayoría de los sistemas, que los norteamericanos llaman el tribunal multipuerta dependiendo del conflicto, parte de la base de que hay un juez o jueza que puede tomar el caso rápidamente y resolverlo.

La comunidad puede, tiene que poder identificar las necesidades justiciales, priorizarlas y luego, con el apoyo profesional, identificar cuáles son los mejores mecanismos para solucionar sus conflictos.