Cámara aprueba solicitar al Ejecutivo urgencia a proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia

El proyecto de resolución que reconoce la labor de las Corporaciones de Asistencia Judicial, manifiesta además la necesidad de “robustecer un sistema generado bajo una lógica de asistencialismo, para avanzar hacia un servicio destinado a garantizar el acceso a la justicia”.

Por 134 votos a favor y una abstención, la Cámara aprobó la resolución 831, la cual solicita al Presidente de la República poner urgencia al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de víctimas de delitos.

A juicio de las y los parlamentarios patrocinantes , la petición se sustenta en la relevancia de un servicio que potencia la labor que realizan actualmente las Corporaciones de Asistencia Judicial(CAJs), solicitando asesoría jurídica, psicológica y social a las víctimas a través de centros integrales y especializados dedicados a “asesorar a las personas para ejercer sus derechos en juicio, obtener reparación y superar las consecuencias traumáticas derivadas de los ilícitos”, consigna la propuesta.

La resolución mencionada, firmada por Mercedes Bulnes (IND), María Francisca Bello (PCS), Javiera Morales (PCS), Marcela Riquelme (IND) y Gonzalo Winter (PCS), reconoce la labor importante que efectúan las Corporaciones de Asistencia Judicial, y es por eso que abogan porque el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia las potencia aún más.

A juicio de los legisladores hace varios años “estás instituciones no dan abasto, por falta de recursos humanos y presupuestarios, lo que es mucho más crítico respecto de las víctimas de delitos, ya que no cuentan con apoyo explícito para participar del proceso penal, a diferencia de los imputados quienes pueden recurrir a una institución profesional dedicada exclusivamente a su defensa”, afirma el texto de la moción parlamentaria.

Consignar que el proyecto de Servicio Nacional de Acceso a la Justicia , radicado en la Comisión de Constitución de la Cámara, propone crear una nuevo servicio público cuya objetivo será otorgar una respuesta unificada y pertinente a las necesidades jurídicas de cada persona y contempla una amplia oferta de prestaciones agrupadas en distintas líneas de servicios, basada en la asesoría, la defensa y la representación jurídica con una preocupación especial por los grupos más vulnerables de la población.